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Colombia

¿Cuáles serían las condiciones de Estados Unidos para financiar a la Policía en Colombia?

Las exigencias ya tienen la primera aprobación en el Congreso norteamericano. ¡Conócelas!

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Un uniformado del Esmad dispara su arma de gases lacrimógenos durante una manifestación. Foto: AFP

Ante los innumerables llamados oenegés como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, el Congreso de Estados Unidos buscaría limitar el acceso de la Policía de Colombia a financiamiento y armas de ese país.

Es así como el Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó cuatro exigencias que Colombia debe cumplir en caso de que la fuerza pública desee acceder a la totalidad de los fondos destinados (US$461 millones para el periodo 2022).

De manera textual, el documento indica que, “de los fondos apropiados por este acto bajo el titular Colombia y que ahora también aplican para el 30% del presupuesto antinarcóticos. Es decir que el financiamiento que recibe la Policía, que se traduce en al menos unos 52 millones de dólares, queda atado al respeto de los derechos humanos”.

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Y agrega que, “de los fondos apropiados por este acto bajo el titular ‘Control Internacional de Narcóticos’ (Policía) y Financiamiento Militar Extranjero (Ejército) y que son para Colombia, el 30% solo podrá ser utilizado cuando el Secretario de Estado certifique y le reporte a este Comité”.

Pero ¿cuáles son los requisitos? A continuación, los presentamos:

  1. Las autoridades judiciales, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), deben tomar acciones para procesar y castigar a los uniformados que cometan violaciones serias a los derechos humanos.
  2. El Gobierno Nacional debe contar con mecanismos y tomar acciones para proteger de ataques a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil.
  3. Deben existir medidas para proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas.
  4. Los policías y militares que tengan investigaciones por violaciones a los derechos humanos deben ser retirados de la fuerza pública.

Los puntos deberán ser comprobados por medio de una evaluación a cargo del Departamento de Estado norteamericano, el cual emitirá una certificación y reportará al Subcomité de Apropiaciones para que este dé vía libre al acceso de fondos a las autoridades colombianas.

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