¿Qué es el gobierno de emergencia del presidente Kast en Chile?

De acuerdo con su enfoque conservador, propio de la derecha global, el nuevo gobierno chileno emprende el gobierno de emergencia, dando prioridad a la seguridad y a las políticas migratorias de contención, mediante un plan de choque que se debe aplicar en los siguientes tres meses. 

Migrantes y jóvenes cooptados por organizaciones al margen de la ley se acusan de ser causantes de la inseguridad  

Aunque los estudios sobre la seguridad han avanzado en la argumentación sobre la estigmatización de las poblaciones involucradas en hechos de violencia, los gobiernos de derecha insisten en el enfoque de responsabilidad individual, y por ende, de la búsqueda y sanción de los ciudadanos sobre los que puedan señalar culpabilidades.

En este sentido, el gobierno de emergencia plantea medidas represivas para combatir la inseguridad, e incluso, para controlar a la población que busca trabajo y oportunidades, como son los migrantes. Las políticas incluyen identificación de pasos migratorios, lugares de recepción y ubicación de las personas y sus colaboradores, detenciones, privaciones temporales de la libertad y deportaciones. 

Por esto, las autoridades de policía, en este caso, carabineros, deben llevar a cabo puestos de control y realizar operativos en zonas donde usualmente permanecen los migrantes y sus grupos de apoyo. 

Por otra parte, aunque la Defensoría de la Niñez de Chile, llevó a cabo un estudio sobre crimen organizado y derechos de la niñez, publicado en agosto de 2025, el gobierno de emergencia, abre la posibilidad de realizar estrategias de excepción a las acciones y lineamientos definidos para la prevención y la mitigación de los efectos de la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes, tomando acciones directas frente a determinados hechos, como las diferentes modalidades de hurto. 

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En el caso de los adultos, las medidas comprenden la intensificación de las acciones de seguridad y de justicia, con la intención de activar mecanismos urgentes que permitan obtener resultados inmediatos. 

Esto ha resultado controversial en el país austral, ya que en su sistema político se habían alcanzado consensos alrededor de que la gestión de los problemas de seguridad requiere de tiempo (menor velocidad) para garantizar mayor profundidad y persistencia. 

Contrario a esto, el gobierno de Kast plantea que son necesarias medidas de choque, pues se indica que el país está en crisis, algo que no es compartido por varios actores sociales chilenos, entre analistas y la opinión pública, pues la situación social del país no reviste la gravedad de otros momentos, además de que, los problemas se consideran estructurales (de largo plazo) y no una situación excepcional que suceda solo en la actualidad.  

¿Víctimas o victimarios?

Sólo para mencionar unos ejemplos, en 2024, en un artículo de la Revista Electrónica de Criminología, el investigador José Luis Alba de la Universidad de Valencia, explicó la relación entre vulnerabilidad y criminalidad, utilizando datos sobre menores extranjeros en España. 

Sobre casos en América Latina, Omar Pezo, Flavio Valdéz y Ángel Castro, llevaron a cabo un estudio penitenciario publicado en 2025, que les permitió señalar que la población migrante en las cárceles del Perú está principalmente en privación de la libertad preventiva, lo que indica que no hayan tenido juicio aún, comprometiendo su presunción de inocencia.

Los autores evidencian que la mayor estigmatización la padece la población migrante venezolana y que tanto en los medios de comunicación, como en la sociedad en general, se suelen identificar con los principales causantes de la inseguridad, pee a ser una pequeña minoría entre los actores relacionados con delitos. 

Pero, principalmente, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad, ACNUDH es uno de los organismos que más ha trabajado a nivel global, para evidenciar la relación entre la marginación social y el delito, estableciendo lineamientos para un tratamiento integral a la problemática y las poblaciones involucradas, como, por ejemplo, las “directrices de Riad” para la prevención de la delincuencia juvenil, que datan de 1990. 

Se abre la controversia sobre el indulto a policías y militares involucrados en casos de derechos humanos

Las medidas frente a la seguridad comprenden el indulto a policías y militares acusados y condenados por represión durante las jornadas de protesta que se llevaron a cabo en Chile durante 2019. 

Los principales delitos por los que fueron investigados y juzgados son el homicidio (al menos 30 casos) y las lesiones personales agravadas, pues tuvieron consecuencias permanentes en los afectados, en particular, en cuanto a lesiones oculares que implicaron pérdida de órganos o de algún grado de visión (más de 450 casos). 

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Los ciudadanos salieron a manifestarse, primero, por el alza en el valor del pasaje del metro en la capital, Santiago, pero luego, se organizaron frente a cambios estructurales en materia económica y social: pensiones, salarios y empleo, salud y educación, desigualdad. 

Frente a la opinión pública con relación a esta medida de indulto, el presidente indicó que sucedería luego de estudiar los casos, aunque en diversas declaraciones que dio durante la campaña, expresó que los policías y militares involucrados en los hechos estaban siendo perseguidos y que los manifestantes cometieron delitos. 

Gobierno de emergencia y austeridad

Aunque el gobierno de emergencia apunta principalmente hacia los actores sociales que se acusan de ser los generadores de los problemas, también se consideran las bases de políticas económicas encaminadas hacia la “doctrina del choque”, que implica hacer cambios drásticos en las instituciones del gobierno. 

Esto hace referencia a recortes o políticas de austeridad, que permitan obtener recursos de emergencia para enfrentar los temas de seguridad y convivencia, y directamente, las políticas migratorias. 

De esta forma, se justifican las reducciones presupuestales que el recién nombrado ministro Jorge Quiroz, del Ministerio de Hacienda de Chile, quien ha anunciado directivas para el recorte del gasto en todas las carteras del gobierno.  

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