Nuevo ataque de Estados Unidos a embarcación venezolana: violación flagrante a los derechos humanos

Estados Unidos confirmó un segundo ataque militar en menos de dos semanas contra una embarcación en el mar Caribe, señalada por Washington de transportar drogas desde Venezuela. Según el presidente Donald Trump, la operación dejó tres personas muertas y fue presentada como parte de su estrategia para “frenar a los narcoterroristas”.

La decisión de destruir la nave en alta mar, sin mostrar pruebas ni identificar públicamente a los tripulantes, ha generado preocupación internacional. Se trata de la segunda ofensiva de este tipo en septiembre, luego del ataque del día 2 que dejó once muertos. En total, 14 personas han fallecido en estas operaciones que no han pasado por controles judiciales ni instancias multilaterales.

La polémica no solo gira en torno al uso de la fuerza, sino también a la ausencia de sustento legal claro. Los primeros en llamar la atención fueron las Naciones Unidas. Ravina Shamdasani, portavoz de derechos humanos del organismo afirmó que la decisión del Gobierno Trump no es justificable y agregó que “En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas”. Académicos y legisladores en Estados Unidos advierten que el ataque constituye una violación al derecho internacional y a los derechos humanos, al realizar ejecuciones sumarias en aguas internacionales fuera de un conflicto armado.

Una acción sin justificación jurídica clara

El propio Trump reconoció que el objetivo era “enviar un mensaje” a los grupos que operan en la zona. Sin embargo, la operación se ejecutó sin que se presentaran evidencias ante tribunales como establece el procedimiento ante estos casos. Aún más, sin evidencia de que estas embarcaciones transportaran efectivamente cocaína o tuvieran algún tipo de hostilidad contra la misión estadounidense. Mary Ellen O’Connell, profesora de Derecho en la Universidad de Notre Dame, aseguró en declaraciones a un medio estadounidense que el primer ataque reportado efectivamente violó el derecho internacional, pues los Estados Unidos no están en guerra con Venezuela ni con sus grupos criminales, lo que significa que se vulneró el derecho a la vida de quienes estaban a bordo.

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En el Congreso también hay reparos. Adam Smith, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, cuestionó en medios la falta de transparencia y advirtió que la administración Trump no ha identificado la autoridad legal bajo la cual ordenó el ataque. El vacío de justificación jurídica refuerza las críticas de que se trató de un uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza militar.

El presidente Petro ya había advertido sobre asesinatos injustificados

Aunque no reaccionó directamente a esta operación, el presidente Gustavo Petro ya había señalado en días anteriores que estos ataques constituyen "asesinatos en cualquier parte del mundo", contra personas pobres utilizadas por redes del narcotráfico. Según el mandatario, no se está golpeando a los grandes capos, sino a jóvenes y tripulantes sin poder dentro de la cadena criminal.

El mandatario ha denunciado además que la militarización del Caribe no solo amenaza la soberanía de los países latinoamericanos, sino que también perpetúa una guerra contra las drogas que ha dejado decenas de miles de muertos en Colombia sin reducir el consumo en Estados Unidos y Europa.

Escalada en el Caribe y rechazo regional

El ataque del lunes profundiza la tensión regional y genera alarma en gobiernos vecinos. Países como Colombia y Brasil han reiterado su rechazo a la presencia de ocho buques de guerra estadounidenses desplegados en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Para estas naciones, se trata de una injerencia que pone en riesgo la estabilidad regional y que puede escalar hacia un conflicto abierto.

En menos de dos semanas, Washington ha utilizado sus fuerzas navales y aéreas para destruir dos embarcaciones, sin ofrecer pruebas verificables sobre sus tripulantes ni los cargamentos que supuestamente transportaban. La falta de transparencia, el uso letal de la fuerza, la denuncia en Venezuela de supuestos aviones espías invadiendo su territorio, refuerzan la idea de que Estados Unidos actúa al margen del derecho internacional y de los tratados entre las naciones, vulnerando de forma grave los derechos humanos. El objetivo parece ir más allá de una campaña para combatir narcotraficantes y cada día parece más un intento de conquista geopolítica con Venezuela como objetivo.