"Desmantelar bandas es hoy la principal política de pacificación del país": presidente Petro

Este jueves, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X lo que podría definirse como la estrategia de paz del Gobierno en su último tramo: la paz urbana como objetivo priorizado, advirtiendo que la violencia en Colombia ya no se concentra en las áreas rurales, como en el pasado, sino en los centros urbanos donde operan bandas multicrimen asociadas al narcotráfico. El mandatario señaló que desmantelar estas estructuras es hoy la principal política de pacificación en curso.

El jefe de Estado destacó avances recientes en materia de paz urbana en Medellín, tras los esfuerzos para aplicar la ley de sometimiento a organizaciones criminales, y pidió consolidar los esfuerzos en Quibdó y Buenaventura. A su vez, anunció la entrada con “paso firme” en otro proceso en Barranquilla, el cual vincula especialmente a “Los Costeños” y “Los Pepes”, quienes el mismo día firmaron una tregua hasta enero de 2026. Todos los casos corresponden a ciudades donde las bandas han disputado el control territorial. La estrategia —dijo el mandatario—, no se agota en la acción militar: requiere transformar las economías ilegales y abrir oportunidades para la juventud en las barriadas populares.

“La pacificación definitiva en Colombia tiene dos grandes estrategias: sustituir cultivos de hoja de coca y legalizar la extracción del oro en manos de los pequeños mineros. Y, segundo, incluir a las juventudes populares en la educación, la producción y la cultura”, afirmó el Presidente, resaltando lo que sería su legado de paz para Colombia, con una lectura más clara de un país cuyos centros urbanos concentran más del 70 % de su población, con una reciente ola migratoria entre lás décadas de 1990 y 2000 a causa del conflicto armado interno.

Quienes causan el mayor número de asesinatos en Colombia no están en la áreas rurales.

Están en las grandes ciudades y configuran grupos que denominan bandas. Se configuran sobre todo por los dineros del narcotráfico y la exclusión de la juventud en la barriada.

Poder…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2025

Violencia urbana: el mapa de homicios y la concentración del crimen organizado

Las palabras del Presidente no proponen un escenario catastrófico del que se pueda afirmar que se incrementó la tasa de homicidios, todo lo contrario. En agosto, durante la ceremonia de ascensos de coroneles a generales de la Policía en la Escuela General Santander, el mandatario ya había insistido en que “el conflicto actual es diferente, no es ideológico; hoy la principal causa de muertes violentas está asociada a nuevas formas de delincuencia organizada”.

Ciudades como Tunja (1,1), y Montería (3,8) presentan tasas de homicidio propias de países con altos niveles de seguridad. En contraste, Medellín y Pereira se ven como puntos críticos por la presencia de bandas multicrimen que reclutan jóvenes y mantienen nexos con mafias internacionales. Por esa razón, en ese mismo escenario, el mandatario llamó a vigilar los puertos, los aeropuertos, y los espacios donde probablemente el crimen busque lucrarse.

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Bandas y narcotráfico: un nuevo reto para la Fuerza Pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó en el más reciente Consejo de Ministros el balance de la ofensiva contra las estructuras del narcotráfico. En lo corrido de 2025, las operaciones aumentaron en un 50 %, con más de 14.000 capturas y 3.683 integrantes de grupos armados neutralizados. Sin embargo, estos datos corresponden a un nuevo escenario de guerra con otro horizonte estratégico: persiguen cabecillas, capos que, como ha reiterado el presidente Petro, viven incluso en ciudades como Miami.

El investigador británico Jeremy McDermott, periodista especializado en crimen organizado y codirector de InSight Crime, señalaba ya en 2014 que el narcotráfico colombiano atravesaba un proceso de mutación profunda. En un estudio publicado para la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), McDermott describe cómo las antiguas estructuras jerárquicas de Medellín y Cali dieron paso a redes fragmentadas (BACRIM), que operan como franquicias criminales a través de “oficinas de cobro”.

El documento sostenía que, aunque Colombia perdió el control directo del mercado de cocaína en Estados Unidos frente a los carteles mexicanos, las organizaciones nacionales siguen siendo pioneras por su capacidad de adaptación. Han diversificado ingresos hacia la minería ilegal, la extorsión o el tráfico de personas, y han expandido sus operaciones a países como España, Argentina o Bolivia. Según McDermott, esta es la tercera generación del narcotráfico colombiano: menos visible, más global y con vínculos cada vez más sólidos entre el mundo legal y el ilegal.

Desde esta perspectiva, el presidente Petro ha apuntado a algo aún mayor y más complejo: una Junta del Narcotráfico que opera desde Europa y Oriente Medio, una organización de carácter transnacional que incluiría mafias del Cono Sur y del Caribe, Albania, España, Italia; las cuales desafían a los Estados cooptando incluso sus instituciones. En junio de 2025, el mandatario vinculó esa organización con el atentado al precandidato Miguel Uribe, ubicándola en Dubái y señalando que sus integrantes tienen conexiones con redes políticas, judiciales y policiales.

El reto ahora es que las fuerzas de seguridad se adapten a este desafío y respondan con otras capacidades que sobrepasan lo estrictamente militar, incorporando inteligencia, cooperación internacional, interdicción financiera y diplomacia estratégica, ante una amenaza que se extiende más allá de las fronteras.

Pero se requiere ir más allá, resolver las problemáticas sociales que permiten que la ilegalidad conquiste los territorios vulnerables. La “deuda histórica” que se menciona en los textos académicos de la sobrediagnosticada violencia en Colombia: la pobreza y la exclusión que se convierten en un escenario ideal para el florecimiento del crimen organizado.

El reto de transformar las economías ilegales

El primer eje de la pacificación, según lo afirma el presidente Petro, apunta a desmontar las rentas ilícitas que financian la violencia. Por orden directa del mandatario, el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) fue renegociado: pasó de un enfoque sobre la unidad familiar a uno colectivo, con proyectos agroindustriales que vinculan comunidades a cadenas de valor internacionales. La meta es cerrar 2025 con 64.894 familias vinculadas y una inversión de 518 mil millones de pesos. Se promueven cultivos de cacao, vainilla, açaí y cardamomo, para reemplazar economías ilícitas y garantizar ingresos sostenibles.

Esta política es parte del renacer de la agricultura colombiana que ha presentado un crecimiento histórico durante su gobierno, solo en 2024 el agro ya fue considerado motor económico de Colombia con un crecimiento superior al PIB por el orden del 8 %. La Reforma Agraria está en marcha con la entrega de tierras y formalización, alcanzando cifras como más de 700 mil hectáreas gestionada y 1,7 millones de hectáreas formalizadas.

A la par, el Gobierno impulsa la legalización de la minería artesanal de oro, arrebatando a estructuras criminales el control sobre esta actividad. La formalización del pequeño minero y los acuerdos con la minería artesanal y ancestral constituyen los ejes de una dignificación que se impulsa en todo el territorio nacional.

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Juventud: más educación y cultura

El segundo eje está dirigido a las juventudes de barrios populares, las más expuestas al reclutamiento por parte de las bandas. El jefe de Estado lo resumió así: “Si queremos tener éxito en la seguridad, debemos tratar con las bandas, desmantelarlas, y esto implica no solamente jueces y policías, sino salidas sociales para la juventud”.

Programas educativos, iniciativas de producción comunitaria y proyectos culturales buscan construir alternativas frente a la exclusión social que ha alimentado la violencia urbana. Ampliación de cupos en universidades públicas y programas como Jóvenes en Paz rescatan a los jóvenes de las zonas más vulnerables y permiten que salgan de la pobreza extrema con oportunidades de formación y subsidios económicos. Incluso, dentro de los acuerdos de 'Paz Urbana', es imperativo detener el reclutamiento de menores, como condición para avanzar en los procesos.

Un giro histórico en la política de seguridad

La visión del presidente Petro plantea un cambio en la manera de enfrentar la violencia: de la guerra rural contra grupos armados ideológicos a la pacificación urbana contra bandas multicrimen. Una estrategia que combina fuerza pública, transformación de economías ilegales e inclusión social. Este desafío que ha asumido contra la fracasada guerra contra las drogas, por ejemplo, promete mejores resultados con un plus excepcional: menos muertos y más oportunidades para los jóvenes vulnerables que han caído en las garras de la criminalidad.

El reto ahora es sostener los resultados en las ciudades más golpeadas y proyectar un modelo de seguridad que mida su éxito no solo en capturas o incautaciones, sino en la capacidad del Estado de garantizar vida digna en los territorios.