¿Puede ser catalogado como "agrupación terrorista" el movimiento Acción Antifascista?

En medio de su visita al Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de declarar al movimiento Acción Antifascista como una “organización terrorista”. Esta afirmación ha puesto sobre la mesa los límites de la autoridad con la libertad de expresión y el uso político del término “terrorismo”.

¿Es jurídicamente posible declarar terrorista a un movimiento como Antifa? ¿Qué implicaciones tendría? Y sobre todo, ¿encaja realmente esta red antifascista en la definición legal de terrorismo?

¿Qué es Acción Antifascista?

Antifa no se trata de una organización en el sentido tradicional. No tiene sede, líder ni membresía oficial. Es más bien un movimiento descentralizado, compuesto por grupos locales, colectivos e individuos que critican y confrontan al fascismo y a la extrema derecha; realizan activismo en contra del racismo, la, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y, recientemente, en contra del genocidio palestino.

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Sus acciones más comunes pueden ir desde manifestaciones, protestas, acciones directas no violentas y activismo digital. Antifa está presente en toda Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), en algunos países latinoamericanos como México, Colombia, Argentina y Chile. En Europa, las mayores manifestaciones de Antifa se han encontrado en Alemania, Francia, Países Bajos, España, Reino Unido e Italia.

¿Qué dice la ley estadounidense sobre el terrorismo?

En Estados Unidos, la ley permite que el Departamento de Estado designe como organizaciones terroristas a grupos extranjeros, siempre que cumplan con ciertos requisitos: estar organizados formalmente, tener una estructura jerárquica, haber cometido actos de violencia contra civiles con fines políticos o ideológicos, y representar una amenaza para los intereses de EE. UU.

Sin embargo, no existe un mecanismo legal claro para designar como terroristas a grupos domésticos, como Antifa. Y aunque la ley penaliza actos terroristas cometidos dentro del país, como atentados o asesinatos masivos, no contempla la figura de “organización terrorista doméstica” de forma oficial o sistemática.

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De acuerdo con el diario estadounidesne, The Washington Post, uno de los mayores obstáculos legales para la propuesta de Trump es que Antifa no funciona como una organización formal, sino como un conjunto de ideologías compartidas y acciones descentralizadas. No hay jerarquía, no hay líderes, no hay oficinas. Esto dificulta atribuirle responsabilidad organizacional por cualquier acto violento que cometan individuos identificados con el movimiento.  

Además, expertos en derecho constitucional, citados en el medio norteamericano, advierten que una designación como esta podría violar la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión, de reunión y de protesta. Aunque algunos simpatizantes de Antifa hayan cometido actos ilegales, el movimiento en sí no puede ser castigado por su ideología, ni sus integrantes pueden ser criminalizados por participar en protestas, si estas no incurren en delitos.  

Desde el mundo académico y las organizaciones de derechos civiles, como la  Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), se ha advertido que esta medida tendría más peso político que legal. Se trataría de un gesto simbólico para movilizar a la base conservadora de Trump, pero sin un marco normativo real que permita llevarla a cabo sin enfrentar múltiples impugnaciones judiciales.

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Incluso antiguos funcionarios como Christopher Wray, exdirector del FBI, han declarado en medios que Antifa no encaja dentro de los criterios legales para ser considerada organización terrorista, precisamente por su carácter descentralizado y difuso.

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