Gobierno de Colombia rechaza sanciones de Estados Unidos contra jueces de la Corte Penal Internacional

Colombia rechazó las sanciones de Estados Unidos contra jueces de la CPI, Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin, impuestas tras un fallo adverso a Israel, al considerar que afectan la independencia de la justicia internacional.
Sanciones de Estados Unidos a jueces de la CPI
Foto: Corte Penal Internacional

Según el comunicado oficial, estas medidas se suman a otras impuestas previamente a funcionarios de la CPI y de la Oficina del Fiscal, y constituyen un grave obstáculo para la independencia y la efectividad de una institución clave del sistema de justicia internacional. Para Colombia, la Corte representa un instrumento esencial para millones de víctimas de los crímenes más graves de trascendencia internacional, al ser, en muchos casos, el último recurso para acceder a la justicia y garantizar la rendición de cuentas.

La Cancillería advirtió que las sanciones socavan el Estado de derecho y amenazan el orden jurídico internacional, especialmente en contextos donde la CPI investiga hechos de alto impacto humanitario, incluidos aquellos ocurridos en el territorio del Estado de Palestina.


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En el pronunciamiento, Colombia reiteró su compromiso “indefectible” con los principios del Estatuto de Roma y exhortó a la comunidad internacional a defender el multilateralismo y a salvaguardar la integridad del sistema de justicia internacional.

Finalmente, el país se sumó a los Estados y organizaciones que demandan el retiro de estas sanciones, en defensa de la independencia de la CPI y de su labor para impartir justicia de manera imparcial y autónoma.

Las sanciones se dan luego de que ambos jueces votaran en contra del recurso presentado por Israel ante el tribunal de La Haya, en un proceso vinculado a la orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, e incluyen la prohibición de ingreso a Estados Unidos y el bloqueo de bienes y transacciones financieras, medidas que se suman a otras ya adoptadas contra magistrados y fiscales de la CPI, las cuales el tribunal calificó como un ataque directo a su independencia judicial.


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