Avanzan diálogos exploratorios entre el Gobierno y grupos criminales en el Atlántico

Los acercamientos entre el Gobierno nacional y las estructuras criminales que operan en el Atlántico entran en una nueva fase. Tras semanas de reuniones discretas, se prepara la instalación de mesas institucionales que permitan proteger a las comunidades más golpeadas por la violencia urbana en el departamento.

Según los avances conocidos, los grupos conocidos como los Costeños y los PEPES se encuentran en la etapa de alistamiento institucional. El proceso, que se proyecta hasta octubre, permitirá definir los temas solicitados por estas organizaciones al Ejecutivo y abrir un espacio formal de interlocución con alcaldes, la Gobernación del Atlántico y autoridades nacionales.

Estas conversaciones hacen parte de la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro, que busca desescalar la violencia urbana en los territorios más afectados, mediante un diálogo cívico y con enfoque poblacional.

🤝 Avanzan los acercamientos entre el Gobierno Nacional y bandas criminales en el Atlántico. Próximamente se instalarán mesas institucionales para proteger a las comunidades más afectadas por el crimen en el departamento. #RTVCLíderDeOpinión pic.twitter.com/5mCTX9R7FG

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) September 28, 2025

Mesas cívicas de paz

Los espacios han sido concebidos como mesas cívicas de paz, con participación de distintos sectores sociales y poblacionales. Así lo explicó Camilo Pineda, delegado en el proceso:

“Lo que queremos con estas mesas es acercarnos más a la ciudadanía y conocer por cada uno de los sectores poblacionales cuál es su nivel de afectación por la ocurrencia de violencia urbana".

El objetivo, señaló, no es solo pactar compromisos con los grupos armados, sino atender el impacto cotidiano en los barrios del Atlántico, donde la extorsión, el microtráfico y el sicariato afectan directamente a comerciantes, transportadores y familias.

Involucramiento de la comunidad y la institucionalidad

La estrategia contempla la participación de instituciones de educación superior, la Iglesia católica y organizaciones comunitarias, junto con autoridades municipales, distritales y departamentales.

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Habitantes del Atlántico expresaron su expectativa de que el proceso logre traducirse en menos muertes y mayor tranquilidad. “Las familias tienen que estar en paz y sobre todo la paz comienza desde el hogar. Si no hay paz no hay felicidad”, señaló una ciudadana en Barranquilla.

El reto inmediato será dar continuidad al proceso más allá de octubre, cuando se espera formalizar las mesas institucionales. Con ello, el Gobierno busca abrir un camino que permita reducir delitos recurrentes como la extorsión y avanzar hacia un escenario de convivencia en un departamento históricamente golpeado por la violencia urbana.

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