Familia de pescador desaparecido en el Caribe pide al Estado acompañamiento para denunciar lo que sería su asesinato en bombardeos de EE. UU.

La historia de Alejandro Carranza, conocido entre sus vecinos como “Coroncoro”, se ha convertido en símbolo del drama silencioso que viven los pescadores del Caribe entre la pobreza, el riesgo y el señalamiento desde altamar que podría costarles la vida. Su familia, que vive en condiciones humildes, rompió el silencio casi dos meses después de su desaparición para denunciar lo que consideran una ejecución extrajudicial en el marco de los bombardeos ordenados por el gobierno de Donald Trump contra embarcaciones en aguas del Caribe.

Carranza desapareció el 14 de septiembre cuando se internó aguas adentro para ir a pescar. Al día siguiente, Washington reportó la destrucción de una lancha que, según su versión, transportaba drogas y era operada por una nueva categoría de enemigo externo: "narcoterroristas”. Su familia afirma que se encontraba pescando cerca de La Guajira, y que la última llamada la hizo a su hija Zaira antes de zarpar: “Ya voy a pescar, me voy a quedar incomunicado”, le dijo. Nunca regresó.

Los ataques forman parte de una ofensiva militar que, según una investigación de Associated Press publicada este viernes, ha causado más de 60 muertes en aguas de América Latina, muchas de ellas de pescadores venezolanos, colombianos y trinitenses sin vínculos comprobados con organizaciones criminales. La investigación reveló que varios de los fallecidos eran hombres pobres, trabajadores del mar, que aceptaron navegar por necesidad y fueron abatidos sin juicio ni debido proceso.

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“Era un ser humano y no merecía que lo mataran de esa manera”

En entrevista con RTVC Noticias, el gerente del Sistema de Medios Públicos, Hollman Morris, habló con los familiares de Carranza, y también con Eulogia, defensora de derechos humanos de la región.

“La familia se decide a hablar porque cuando se escuchó del misil se decía que eran aguas venezolanas. Cuando ya se dijo que eran aguas de la costa Caribe, él estaba para La Guajira. Viendo que pasaron dos meses, se decidió romper el silencio. Habrá muchas cosas en contra, pero era un ser humano y no merecía que lo mataran de esa manera. Ahí están sus hijos”, explicó.

Eulogia, quien conoce a la familia, describe la precariedad en la que quedaron:

“Hay una madre con tres menores de edad, recién salida de un accidente, con discapacidad en una pierna. No puede trabajar como una persona en condiciones normales. El papá de Alejandro aún pesca; la señora es de edad avanzada. Los hermanos viven del día a día manejando lancha. La madre de los niños trabaja los fines de semana en la playa. Cuando no hay temporada, no sabe de qué vivir”.

La defensora insiste en que la muerte de Carranza no solo arrebata una vida, sino que viola derechos fundamentales; el derecho a la vida, al trabajo, al debido proceso. “Un narcotraficante tiene de todo… Mire cómo viven”, afirmó la defensora, mostrando la evidente condiciones de pobreza de la familia.

Zaira, la hija que espera justicia

Zaira, la hija mayor de Alejandro, cumplirá 18 años este mes. Sueña con estudiar Administración de Empresas, pero su voz tiembla al recordar la última conversación con su padre:

“La última llamada que me hizo mi papá fue el 14 de septiembre. Me dijo: ‘Zaira, ya voy a pescar, me voy a quedar incomunicado’. Ellos duraban hasta una semana sin poder hablar con nosotros. Me pidió que cuidara a mis hermanos”.

Desde entonces, la familia vive entre la angustia y la resignación. Zaira dice que solo busca verdad y justicia. Dice que su padre no era un narcotraficante. Era un pescador que trabajaba por su familia. Pidió compasión con quienes, como él, se van al mar para buscar formas de sobrevivir.

Su hermano menor, Livinston, enfrenta el dolor de otra manera: los compañeros del colegio le muestran el video de una lancha bombardeada, el mismo que circuló en redes tras los ataques de Estados Unidos. “Me preguntan si es mi papá”, contó su madre, Katherin, que le cuestiona su hijo. “Lo único que pude responderle fue: ‘no se sabe aún si es tu papá’. Él me pregunta por qué no lo cogieron preso en vez de matarlo. Y yo me quedo callada, porque no sé cómo responderle”.

“Así fuera culpable, tenía derecho a la vida”

Katherin, pareja de Carranza, vive del rebusque. Dice que tuvo un accidente en moto y que ahora trabaja los fines de semana en la playa o haciendo aseos ocasionales. “Toca, con lo poquito que me gano, bandearme con eso”, dice.

Pide acompañamiento del Estado colombiano para exigir justicia ante organismos internacionales. “Así fuera culpable de algo, tenía derecho a la vida”, afirmó. “Nos duele la pérdida de un ser humano. Mis hijos esperaban a su papá. Todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a la vida", reitera.

Katherin asegura que sus hijos están profundamente afectados y que ha considerado buscar ayuda psicológica para ellos.

Los pescadores del Caribe, atrapados entre la pobreza y la sospecha

En la costa norte de Colombia y Venezuela, la pesca artesanal se ha convertido en un oficio cada vez más riesgoso. Los recortes de combustible en Venezuela, la crisis económica y la militarización de las rutas marítimas han empujado a muchos pescadores a buscar ingresos en zonas fronterizas.

Eulogia explica que los pescadores viajan con boyas y bidones blancos, indispensables para su trabajo, que las autoridades estadounidenses podrían estar confundiendo con paquetes de droga. Esas marcas de referencia son parte del oficio, desde el aire podrían confundirse con otras cosas y causar más tragedias.

El caso de Alejandro Carranza se suma a los de decenas de pescadores venezolanos y caribeños muertos en ataques estadounidenses desde septiembre, en el marco de una estrategia militar que Trump ha presentado como una “guerra contra el narcotráfico”, pero que, según defensores de derechos humanos y expertos, constituye una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, solo enmarcándose en lo que Trump llama una amenaza terrorista externa.

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La familia pide al Estado colombiano apoyo para denunciar

La familia de Alejandro Carranza reclama el acompañamiento del Estado colombiano para presentar el caso ante organismos internacionales y exigir una investigación independiente. Consideran que fue una ejecución sin juicio, un crimen a la luz del derecho.

El reclamo coincide con las voces de defensores de derechos humanos, académicos y congresistas de Estados Unidos, que han advertido que los ataques militares en el Caribe constituyen ejecuciones extrajudiciales y violan tanto la Constitución estadounidense como tratados internacionales sobre derechos humanos.

En los pueblos de pescadores, el nombre de Alejandro Carranza se suma a una lista de hombres desaparecidos en altamar, cuyas muertes no tienen explicación. Para su familia, el silencio ya es insoportable. No hay certezas, no hay duelo, no hay nada.

Uno más en una lista que ya se cuenta por decenas

El caso de “Coroncoro”, Alejandro Carranza, humaniza las cifras de una guerra declarada sin juicio ni contexto. Como reveló la investigación de Associated Press publicada este viernes, los ataques de Estados Unidos en el Caribe no solo destruyeron botes con drogas, sino también vidas marcadas por la pobreza, el abandono y la falta de alternativas.

En las playas del Caribe colombiano, donde el mar sigue siendo sustento y frontera, una familia espera respuesta. No buscan culpables políticos, sino reconocimiento y verdad: que alguien, en algún despacho, entienda que Alejandro Carranza no era un enemigo de una nación poderosa a la que ni siquiera su país osaría desafiar en una guerra, sino un pescador que salió al mar para alimentar a sus hijos y nunca volvió.