A pesar de que la Política Nacional contra las Drogas de Colombia - 2023-2033, es un ejemplo de innovación e integralidad para el mundo, continúa la invalidación y la indiferencia contra el país

Tras más de siete décadas de intentar políticas infructuosas para contener el tráfico de drogas, el presidente Gustavo Petro logró articular una nueva hoja de ruta para dar tratamiento integral a este problema. Paradójicamente, en vez de recibir la atención y el apoyo necesarios, esta es utilizada como un mecanismo más para atacar al gobierno, dentro del país y en el exterior.
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campesino cortando leña
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Colombia ha pagado un alto precio, tanto por el tráfico de sustancias ilícitas, como por las políticas antidrogas que se han utilizado para enfrentarlo. Los costos comprenden efectos adversos sobre la economía, pero, además, problemas sociales y pérdidas de vidas, mucha veces inocentes. 

Desde hace más de 70 años, las medidas tradicionales han fracasado sistemáticamente. Ante estos hechos, el Gobierno Nacional impulsó un nuevo enfoque integral, que, en vez de recibir el apoyo necesario, es descalificado a pesar de sus logros, porque diversos actores sociales se resisten al cambio. 

En su más reciente rueda de prensa sobre los bombardeos del gobierno Trump a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, el presidente Petro explicó que la política conocida como "Guerra Contra las Drogas" ha generado golpes contra el campo, lo que a su vez, ha contribuido a desatar mayor violencia en el país, por lo que su gobierno se ha comprometido con nuevas estrategias, en las que lo principal es garantizar la vida y apoyar al campesinado.


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Por tanto, afirmó que debe profundizarse la nueva perspectiva de tratamiento integral a las causas y problemas generados por el tráfico de drogas ilícitas, en consonancia con los derechos humanos, pues las soluciones más efectivas son las que combaten el narcotráfico, en vez de perseguir a los campesinos que cultivan la hoja de coca ante la ausencia de alternativas viables para desarrollar la agricultura. 

En esto se basa la nueva estrategia de política antidrogas que está aplicando el gobierno nacional, y a la que también se ha referido el presidente Petro, indicando que no se debe repetir la misma historia generadora de violencia, pues no tiene sentido continuar medidas que han sido lesivas para el campesinado colombiano, que profundizan la confrontación con el Estado y que no han sido efectivas para disminuir el narcotráfico.  

Por el contrario, las políticas que se han fortalecido por el gobierno nacional, son la incautación de cocaína (evitando causar pérdidas de vidas), la persecución a las finanzas ilícitas y la extradición de los grandes capos que controlan el narcotráfico, con más de setecientos casos durante lo que va corrido de su periodo presidencial. Aunado a esto, el presidente Petro enfatizó en que se debe "darle la mano al campesino" para que participe voluntariamente en los programas de erradicación manual. 

 

Décadas de políticas con poca efectividad han llevado a pensar nuevas estrategias

Desde su formulación, la Política Nacional contra las Drogas, 2023-2033 establece que es necesario cambiar de enfoque para intervenir en el fenómeno socioeconómico del narcotráfico, debido a que las políticas tradicionales han sido insuficientes para alcanzar un control efectivo de los problemas asociados a este, siendo relevantes los efectos de inseguridad y violencia que van creciendo con el tiempo. 

El enfoque tradicional es el de persecución y lucha contra el delito, por lo que las estrategias principales comprenden acciones militares y judiciales. Los narcotraficantes han llevado a cabo medidas de adaptación para contrarrestar este tipo de políticas, entre las que se destacan cuatro graves procesos:

  • Fortalecimiento de la estructura criminal, que implica organizar los carteles como grandes sistemas corporativos multifacéticos, que ya no solo desarrollan el tráfico, sino que con el mismo nivel de importancia, integran ejércitos privados, modelos empresariales y financieros para camuflar la economía ilícita y equipos de penetración social, para incidir por ejemplo, en la política, en todos sus niveles, y para cooptar aliados en la justicia, en las aduanas, en los círculos sociales e incluso entre los organismos de seguridad y defensa, así como en todos los ámbitos en que identifiquen oportunidades para expandir y proteger el negocio. 

  • Desarrollo de mecanismos de innovación, incluyendo lo tecnológico, para camuflar, transportar y asegurar la “seguridad” de los cargamentos. 

  • Estructuración de rutas e itinerarios para desplazar las sustancias, que sean rotativos, sin importar lo largos que resulten, con lo cual despistar a las autoridades cuando han avanzado en identificar y estar dando seguimiento a rutas ya consolidadas. 

  • Creación de climas de zozobra, inseguridad y violencia, que sirven para desviar la atención de la actividad principal de tráfico, o como mecanismo para demostrar poder y atemorizar buscando apoyo por coerción y miedo, o también, para mostrar la capacidad de reacción frente a la ofensiva de las autoridades como demostración de poder. 

casa campesina - www.flickr.com

Esto refleja lo que es bien conocido entre la opinión pública: las organizaciones del narcotráfico son cada vez más complejas, con mayores capacidades de mimetización, tomando la apariencia de actividades económicas lícitas y de personas del común entre la sociedad. 

Que el narcotráfico haya tenido relativo éxito en diseminarse socialmente, tanto como en dar continuidad y crecer sus actividades ilícitas, no les quita sentido a las políticas contra las drogas, sino todo lo contrario, ha hecho que cada vez haya mayor consciencia sobre la necesidad de ir adelante en las estrategias de confrontación. 

El enfoque tradicional entonces, se encaminó en combatir el insumo principal de la cocaína, que es el cultivo de la planta de coca, encontrándose que las personas en esta actividad eran en su mayoría pequeños cultivadores, con los que la economía de las drogas estableció una relación de dependencia, dejándolos sin otras oportunidades, sujetos a las dinámicas impuestas por los narcotraficantes. 

Los cultivadores estaban siendo afectados por la economía ilícita y también por las políticas antidrogas, que además tenían consecuencias medioambientales, por lo que el país decidió abandonar la aspersión aérea, que fue suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, adscrito al Ministerio de Justicia, en el año 2015, para que posteriormente, esta decisión fuese ratificada por parte de la Corte Constitucional en 2017. 


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La política antidrogas tradicional consumió un importante flujo de recursos, pero el narcotráfico no disminuyó en su horizonte de largo plazo, y sus organizaciones, en vez de ser controladas, se hacen cada vez más fuertes y complejas. Esto es atribuible a la rentabilidad del negocio que hace que incluso las personas estén dispuestas a jugarse su propia vida y el bienestar de sus familias, pero también es una consecuencia de las limitaciones de dicha política. 

Por tanto, recientemente, han aumentado las voces que cuestionan la efectividad de las políticas contra las drogas de enfoque punitivo, que son las que se enfocan en el logro de indicadores fácticos, como el cambio en la cantidad de hectáreas de coca sembradas, las toneladas producidas, las toneladas incautadas y el número de capturas. 

 

La política actual contra las drogas parte de “sembrar vida para desterrar el narcotráfico”

Contrario a lo que suele pensarse, la política actual es integral, lo que significa que no abandona el enfoque tradicional que persigue la producción y el tráfico, sino que la sintoniza con otras acciones afirmativas en el contexto de la actividad ilegal. 

De hecho, en el gobierno del presidente Petro, que es el que la está aplicando las políticas integrales o de nuevo enfoque, se han tenido importantes avances en materia de incautación y en la desarticulación de estructuras criminales, como es relevante en el enfoque tradicional. También se han tenido logros significativos en materia de desarticulación de la economía ilícita y contra el lavado de activos. 

Sin embargo, la integralidad implica dar un tratamiento específico a los distintos procesos que se van articulando a la cadena de negocio del narcotráfico. El presidente Petro explicó el nuevo enfoque de políticas antidrogas citando al vietnamita Sony Thang.

 

 

En este marco, las acciones llevadas a cabo para la erradicación del cultivo, se hacen mediante el proceso manual, de común acuerdo con los cultivadores, para los que se establecen medidas de protección que generen oportunidades para desligarse de dicha cadena y para tener alternativas económicas que les permitan mantenerse en otra actividad. 

Por esto, la política plantea “sembrar vida” como la posibilidad de continuar trabajando en el campo y producir nuevos cultivos de modo sostenible, con el apoyo institucional necesario, en cuanto a insumos, capacitación técnica, organización y recursos económicos.  

El gobierno nacional ha hecho énfasis en la necesidad de “proteger a la población más vulnerable que ha sido criminalizada” puesto que existe una enorme diferencia entre los narcotraficantes y sus hombres de confianza, que tienen posiciones estratégicas dentro de las organizaciones criminales, y las familias campesinas, que se ven obligadas a participar en los eslabones inferiores de la cadena. 


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Estas organizaciones también se aprovechan de la vulnerabilidad de jóvenes en condiciones de marginación y pobreza, para utilizarlos en las actividades más riesgosas, en condiciones de informalidad e inestabilidad, por lo que es necesario crear oportunidades también para ellos, así como para enfrentar la violencia generada por los narcotraficantes. 

De igual forma, la Política Nacional también desarrolla un importante esfuerzo por atender a la población consumidora de sustancias y establece medidas de prevención y para tratar los casos y las comunidades afectadas. Se trata de aplicar criterios de salud pública y de derechos, en vez de la criminalización.

Por esto, resulta paradójico que esta política haya tenido poco reconocimiento entre los ciudadanos, lo que en parte puede explicarse por la desinformación sobre sus objetivos y estrategias, así como también porque se ha creado una falsa contradicción entre la lucha contra las organizaciones criminales y el nuevo enfoque antidrogas. 


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