Inicia investigación por denuncias que vinculan a contratistas de la Alcaldía de Medellín con hechos de violencia contra manifestantes

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, abrió un proceso de verificación y recolección de información tras los hechos de violencia ocurridos durante una marcha en solidaridad con el pueblo palestino, el pasado 7 de octubre en Medellín. El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, afirmó que la investigación busca esclarecer la posible participación de contratistas o agentes de seguridad de la Alcaldía en agresiones contra manifestantes.

“Estamos en Medellín para dialogar con las víctimas, con la institucionalidad, con la Policía Metropolitana, y esperamos contar con la presencia del señor alcalde o del secretario de Seguridad para esclarecer hechos que, a todas luces, son inaceptables en un Estado de Derecho”, declaró Rondón.

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“Ningún civil puede ejercer funciones policiales”

Durante su visita a la capital antioqueña, el viceministro advirtió que los hechos observados en videos constituyen señales de usurpación de funciones públicas y posibles violaciones a los derechos humanos.

“No podemos permitir que en un país democrático personas de civil o contratistas asuman funciones policiales y, peor aún, ejerzan violencia contra la ciudadanía. Esto configura violencia institucional y podría constituir delitos de gravedad como el paramilitarismo”, enfatizó.

El funcionario sostuvo una reunión en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con el inspector general, brigadier general Hernán Meneses, y con el comandante brigadier general William Castaño, donde se revisó la línea de tiempo de los hechos registrados durante la marcha global por Palestina.

Rondón aclaró que la presencia del Ministerio del Interior no sustituye la competencia de las autoridades locales, sino que garantiza la protección de los derechos humanos y la supervisión institucional del Estado. “El Presidente siempre ha garantizado los derechos, esto incluye a la oposición; ningún acto de violencia es válido en el país y no vamos a irrespetar la institucionalidad”, puntualizó.

Contexto: denuncias y pronunciamientos previos

Los hechos de violencia en Medellín fueron denunciados por manifestantes y defensores de derechos humanos tras la circulación de videos en redes sociales, donde se observa a hombres con chalecos de la Alcaldía agrediendo a ciudadanos. La Defensoría del Pueblo pidió investigar si hubo órdenes a gestores de convivencia para intervenir en las marchas y advirtió que no están facultados para usar la fuerza ni para disolver protestas.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el concejal Andrés Rodríguez Puerta (“Gury”), del Centro Democrático, por presunta incitación a la violencia durante las movilizaciones.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció, señalando que “estas milicias fascistas que golpean la juventud y a los pobres deben ser desmanteladas con el poder de la ley y la Constitución”.

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Garantías para la protesta pacífica

El Ministerio del Interior reiteró que la protesta social pacífica es un derecho protegido por la Constitución y que toda intervención estatal debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Rondón recordó que Colombia mantiene compromisos internacionales ante la CIDH y la ONU para garantizar la no repetición de prácticas de represión o uso desproporcionado de la fuerza.

“La protesta social debe ser pacífica, pero bajo ninguna circunstancia puede justificarse la represión o el uso excesivo de la fuerza desde el poder público”, concluyó.