Abogado del presidente electo Abelardo de la Espriella fue condenado por corrupción en contratos de señalización vial en Soacha

Germán Calderón España, abogado encargado de la defensa legal del presidente electo Abelardo de la Espriella y responsable de interponer acciones judiciales contra periodistas y medios que han cuestionado la financiación de su campaña, fue condenado en 2010 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, según una investigación de la Unidad Investigativa de la Revista RAYA.

El caso se originó en mayo de 1998, cuando el entonces alcalde de Soacha, Wilson Cabra Cruz, le adjudicó a la empresa Calderón España Publicidad, de la cual Calderón era gerente, un contrato para instalar 650 señales de tránsito en el barrio San Mateo por 49 millones de pesos de la época, cerca de 220 millones de pesos actuales.

Tres días después de que Calderón solicitara una prórroga para cumplir ese contrato, el alcalde firmó un segundo acuerdo con Darío César Molano Franco para instalar 145 señales en el barrio Compartir, por 7 millones de pesos adicionales. Según la sentencia, ambas necesidades de señalización pudieron tramitarse en un solo contrato, pero fueron divididas deliberadamente para mantenerse dentro de los límites que permitían la contratación directa y evitar así una licitación pública.

Lo que encontró la justicia

La Contraloría de Soacha denunció el caso en 1999 al hallar que las señales nunca se instalaron y que existían irregularidades en los estudios previos y en la ejecución de los contratos. La Fiscalía acusó en 2003 a Calderón, a Cabra y a Molano, y en 2006 un juzgado de Soacha condenó a los dos primeros a 36 meses de prisión y multa, mientras Molano recibió 24 meses como cómplice. El fallo fue confirmado en 2009 por el Tribunal Superior de Cundinamarca y en 2010 por la Corte Suprema.

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Según consta en la sentencia citada por RAYA, las propuestas de señalización presentadas por Calderón España tenían fecha del 2 de enero de 1998, 18 días antes de que la Alcaldía publicara el aviso oficial de contratación, lo que para los jueces demostró que la contratación directa no fue accidental. La Corte Suprema concluyó que el fraccionamiento del contrato buscaba "evitar la licitación pública" y "favorecer en últimas al señor Germán Calderón España", evitando la participación de otros proponentes.

La defensa de Calderón argumentó en su momento que, al ser un contratista particular y no un servidor público, no podía ser condenado por un delito propio de la contratación estatal. La Corte Suprema rechazó ese argumento y ratificó que los contratistas que intervienen en contratos con el Estado sí son responsables penalmente por afectar la transparencia del proceso. La pena de prisión domiciliaria nunca se hizo efectiva por prescripción de la acción penal.

De la izquierda a la defensa de De la Espriella

Antes de unirse al equipo jurídico de Abelardo de la Espriella, Calderón ocupó cargos como auditor de la Contraloría de Bogotá, personero auxiliar de la ciudad y procurador delegado para la Vigilancia Administrativa. Según la investigación de RAYA, también tuvo una relación cercana con sectores de izquierda y con el presidente Gustavo Petro durante su paso por la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá.

Tras un quiebre con el Pacto Histórico, en julio de 2025 anunció su respaldo a De la Espriella en lo que calificó como "una alianza estratégica en defensa de nuestra institucionalidad y nuestra democracia". Calderón ha manifestado además su intención de aspirar a una magistratura en la Corte Constitucional o a la Procuraduría General de la Nación.

Lea la investigación completa de la Unidad Investigativa de Revista RAYA haciendo click aquí.

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