Consejos comunitarios afro de Tumaco reciben 592 hectáreas y pactan erradicación voluntaria de coca con apoyo de la ANT
En uno de los corredores rurales más golpeados por la economía de la coca en Nariño, el municipio de Tumaco, 13 consejos comunitarios afro asumieron un compromiso pocas veces visto en su historia: arrancar voluntariamente los cultivos ilícitos a cambio de tierra titulada y un camino productivo legal. El acuerdo se concretó con la entrega de 592 hectáreas gestionadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en una apuesta del Gobierno por atar reforma agraria y sustitución en una de las zonas históricamente disputadas por el narcotráfico.
Las hectáreas corresponden a los predios El Cabrero y El Darién, adquiridos por la ANT y ubicados en áreas donde la indefinición de la propiedad, según la entidad, facilitó durante años el uso ilegal del suelo y la persistencia de la violencia. La entrega, en ese sentido, busca que el título no sea solo un papel: que se traduzca en producción lícita y permanencia comunitaria en el territorio.
Predios sin dueño claro, coca como ocupación y una intervención que no llegaba
El director de la ANT, Felipe Harman, explicó que estas comunidades llevaban más de 20 años reclamando titulación y ampliación territorial, pero que la institucionalidad no intervino mientras persistieron los cultivos de hoja de coca. “La institucionalidad no erradicó los cultivos de coca ni entregó predios para que las comunidades pudieran sustituir y sembrar alimentos en tierra propia”, dijo, al destacar el respaldo del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.
En el esquema pactado con el Gobierno, el compromiso no es informal: las comunidades asumen una obligación jurídica y social de destinar la tierra a actividades productivas lícitas, con uso sostenible y permanencia como propietarios legales. La fórmula combina seguridad jurídica sobre la tierra con sustitución, en un municipio donde la economía ilegal ha impuesto reglas de facto por décadas.
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“Arrancamos la coca”: el giro hacia proyectos lícitos y soberanía alimentaria
Desde los consejos comunitarios, el anuncio fue leído como el punto de partida hacia un cambio en la vocación de la tierra. James Toro, representante legal del Consejo Comunitario Aguas Lindas de La Chorrera, calificó la entrega como una señal de paz y transición económica: “Vivimos un avance significativo y una transición histórica de lo ilícito a lo legal. Para nosotros el verdadero desarrollo es seguir preservando nuestra cultura y nuestra identidad étnica, que son nuestra forma de vida”.
Yefferson Segura, representante del Consejo Comunitario Local Los Amigos de Espriella, aterrizó el compromiso en una frase directa: “Hoy arrancamos la coca y apostamos por producir alimentos para nuestras familias y contribuir a la soberanía alimentaria de Colombia”.
Un capítulo dentro de una estrategia más amplia de acceso a tierra
La Agencia Nacional de Tierras señaló que estas 592 hectáreas se suman a más de 1,8 millones de hectáreas tituladas durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro a comunidades campesinas y étnicas. La idea es que el acceso a la tierra no sea una política aislada, sino un componente de una estrategia integral que conecte sustitución de economías ilegales, proyectos productivos y estabilización territorial.
En Tumaco, donde la violencia está directamente relacionada con las economías ilegales, el acuerdo pone a prueba una premisa del Gobierno: que la sustitución funciona mejor cuando llega con tierra, título y alternativas reales. El éxito de esta entrega, en adelante, se medirá menos por el acto de formalización y más por lo que ocurra en el lote: la erradicación efectiva, los proyectos lícitos y la capacidad del Estado de sostener la transición en un territorio donde la coca ha sido, durante años, el único mercado seguro.
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